MOCION CONJUNTA
MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES, CAMBIEMOS ALCANTARILLA-PODEMOS, IZQUIERDA UNIDA VERDES: GANAR ALCANTARILLA, PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Y CIUDADANOS, AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 2015 SOBRE LA DECLARACION DE ALCANTARILLA COMO “MUNICIPIO LIBRE DE DESAHUCIOS”
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales, dichos grupos del Ayuntamiento de Alcantarilla desean someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Grupos Municipales de este Ayuntamiento CAMBIEMOS ALCANTARILLA-PODEMOS, IZQUIERDA UNIDA VERDES: GANAR ALCANTARILLA, PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Y CIUDADANOS en colaboración con la PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA presentan esta Moción Conjunta al pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla para su debate y posterior votación, con el ánimo de coadyuvar en nuestro término municipal a paliar en lo posible las situaciones inhumanas que se producen cotidianamente por esta causa.
Hace dos años a iniciativa de La Plataforma de Desempleados de Alcantarilla se presentó en este Ayuntamiento la primera Moción de este tipo en la Región de Murcia, no contó en su momento con la mayoría legalmente imprescindible, esa misma moción fue aprobada posteriormente en distintos municipios de la región, se presenta esta Moción para lograr su aprobación primero y para materializar su aplicación después. Con esta nueva propuesta, se pretende reiterar y reforzar aquellos elementos, recogidos en los textos ya tratados y deliberados, de modo que hace suyos todos ellos, los actualiza, los complementa y pone al día, supliendo entre todos ellos las lagunas que cada cual pudiera hipotéticamente tener, al traerlos ahora a colación en su integridad sin exclusión.
Se trata, así pues, de una nueva oportunidad para orientar las decisiones a tomar en nuestro ámbito en la dirección más favorable a los más desfavorecidos.
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Por otra parte, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los Estados Partes "reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.
El artículo 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Igualmente, exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. Nuestra Carta Magna configura el derecho a la vivienda como un principio rector de la política social y económica, de tal forma que su contenido prestacional exige la actuación positiva de todos los poderes públicos con competencias en la materia, incluyendo a la Administración Local.
La actual situación económica ha tenido entre una de sus más graves consecuencias, la destrucción de un gran número de empleos. Esta situación, agravada en nuestro país por la explosión de la burbuja inmobiliaria, es especialmente dramática en nuestra Comunidad Autónoma. Ello ha provocado que numerosas familias no puedan
atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de las rentas de arrendamiento o, en su caso, de los préstamos o créditos hipotecarios celebrados para adquirir su vivienda, siendo doblemente castigadas por dicha crisis financiera, al perder no solo sus empleos sino también sus casas.
Ante esta situación las Administraciones no pueden permanecer impasibles y deben realizar cuantas actuaciones sean necesarias y tengan a su alcance para dar amparo a los ciudadanos, al objeto de hacer efectivo el derecho a una vivienda.
En este sentido, desde las comunidades autónomas y desde los Ayuntamientos se deben poner en funcionamiento programas en defensa de la vivienda, para el asesoramiento, la intermediación y protección de las familias afectadas por la crisis económica y que se encuentren en riesgo de ser privadas de su residencia habitual y permanente.
Más allá de las medidas estatales y autonómicas, los Ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, y conocedores de los problemas, necesidades y demandas de sus vecinos, pueden incidir en atenuar la preocupante situación de desamparo en las que se encuentran miles de familias, asfixiadas por una situación laboral insostenible y por unas hipotecas inasumibles en tiempo de crisis, con seis millones de parados y casi dos millones de hogares que no tienen ingreso alguno.
El Ayuntamiento de Alcantarilla no puede permanecer ajeno a este drama que afecta a muchos de sus vecinos y vecinas y debe actuar sobre las personas y familias amenazadas de desahucios. Por todos los motivos expuestos anteriormente, proponemos al Pleno municipal la aprobación del siguiente texto articulado.
1º Que el Ayuntamiento de ALCANTARILLA se declarare públicamente MUNICIPIO CONTRA LOS DESAHUCIOS.
2. Eliminación o exención del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas por desahucios que sufran la pérdida de su vivienda habitual en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda.
3. Revisión de los protocolos de actuación de los servicios sociales municipales para que, entre otros, ninguna familia más se vea amenazada con perder la custodia de sus hijos a causa de un desahucio, colaborando por el contrario con la petición al juez de la suspensión del desahucio cuando éste lo sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
4. En los casos en que no se pueda impedir el desahucio, garantizar el inmediato realojo en una vivienda digna en régimen de alquiler social asequible, a poder ser en el mismo barrio.
5. Hacer un censo con carácter urgente de los pisos vacíos en manos de las entidades financieras para luego poder aplicar medidas que fuercen su puesta inmediata en alquiler social asequible, desde una penalización en el IBI hasta la expropiación temporal de su uso.
6. Interpelar a las entidades financieras que operan en el municipio para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de deudas ilegítimas (sentencia del tribunal europeo) fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria. En caso de no obtener respuesta por parte de éstas, aplicar medidas sancionadoras. Buscar entidades financieras alternativas con el objetivo inmediato de retirar los fondos que tenga este Ayuntamiento con bancos que realicen desahucios.
7. Evitar que las familias desahuciadas sigan recibiendo los cargos correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.).
8. El Ayuntamiento preste, a través de sus servicios jurídicos, apoyo a las familias víctimas de desahucios o ejecución hipotecaria y establezca convenios de colaboración con el colegio de abogados y de trabajadores sociales de la Región de Murcia. A tal efecto se habilitará un teléfono y email para atender a las personas afectadas, comprometiéndose además a poner en marcha una Comisión Mixta dirigida a establecer los cauces de colaboración necesarios con las plataformas ciudadanas y asociaciones que combaten los desahucios para facilitar y apoyar sus actividades, como a la PAH.
9. Que el Ayuntamiento realice las gestiones para que no haya un solo piso municipal vacío, y que éstos se empleen en dar solución a estos casos. No pueden existir personas en la calle cuando hay muchas casas vacías.
10. Este Ayuntamiento no apoyará ni participará en los procedimientos de desahucios, no prestará apoyo a través de la Policía Local a los dispositivos policiales que tengan que ver con órdenes de desahucio y defenderá a aquellos trabajadores y trabajadoras que se nieguen a participar en ellos.
11. Instar al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para que en los supuestos de vivienda habitual e insolvencia sobrevenida de buena fe, se aplique la dación en pago regulada en el art. 140 de la Ley Hipotecaria, de tal forma que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca.
12. Instar al Gobierno de España a adoptar la paralización de los desahucios tal y como se contemplaba en la ILP presentada por la PAH en el Congreso de los Diputados en Febrero de 2013; a que las viviendas del SAREB pasen a ser gestionadas por las administraciones públicas autonómicas para el alquiler; a que no apruebe el desahucio exprés del alquiler, y a que se haga una quita en la deuda de las familias hipotecadas tal y como se ha hecho con los balances bancarios tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
En Alcantarilla (Murcia), a día 20 de Julio de 2015
